La pandemia hizo aún más evidente la fragilidad del sistema de salud en México, “después de 20 meses de pandemia es evidente que se ha fallado en proteger la salud de las personas más vulnerables, afirmó José Ignacio Ávalos Hernández, presidente del Patronato del Instituto Nacional de Salud Pública.
Refirió que, en 2018 20 millones de personas carecían de los servicios de salud; mientras que en 2020, el número se incrementó a casi 36 millones de personas, “mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas que no están afiliados y no cuentan con derecho a servicio a salud en instituciones públicas o privadas y están a la deriva o en el abandono en caso de sufrir algún padecimiento”, a casi 40 años que el derecho a la Salud fue consagrado en nuestra Constitución, nuestro país no ha logrado la cobertura universal, ni el acceso efectivo, es decir, los servicios de salud no son accesibles, no ofrecen servicios de alta calidad y no brindan protección financiera.
El Dr. Juan Rivera Dommarco, director general del Instituto Nacional de Salud Pública manifestó que el indicador de acceso de salud del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) fue de 16.2% en el 2018 y aumentó a 28.2 en 2020, donde solo el 43%de la población se atendió en servicio público.
Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT COVID-19), un 46% de los hogares hicieron algún gasto de salud, lo cual afectó el bienestar de la población Mexicana, generando mayor necesidad de Gasto en salud entre los más vulnerables y Desplazamiento de gasto en necesidades de Salud habituales, comentó el Mtro. Sergio Bautista Arredondo, director de Innovación en Servicios y Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública.
Por su parte, Rogelio Gómez Hermosillo, Coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza, indicó que la salud es un derecho humano, por tanto, no puede ser una prestación laboral, porque la salud se vuelve en sentido de que trabajes, por lo mismo, se debe desprender de ello, para sustituir un modelo de seguridad en donde se garantice este derecho.
“Se requiere una transición para desvincular y liberar los derechos de salud de las prestaciones laborales e implica el tema a buscar el financiamiento, lo cual se podría realizar con la reforma fiscal como objetivo a largo plazo”.
Lo anterior se planteó durante la teleconferencia “El Acceso a los Servicios de Salud: Un reto Actual para México”, organizada por el Instituto Nacional de Salud Pública en colaboración con la Fundación para la investigación y la Educación en Salud Pública (FIESP) y el Patronato sobre un Reto Central para el Sistema de Salud en México.
Este es un boletín de la Fundación para la Investigación y Educación en Salud Pública en colaboración con el Instituto Nacional de Salud Pública. © Todos los Derechos Reservados.Imágenes de Freepik.
