Este día en Michoacán, nos sumamos a la movilización nacional de periodistas realizada de manera presencial en al menos cuarenta ciudades del país, y de forma virtual en cientos de lugares más, dentro y fuera de México.

Los asesinatos de Lourdes Mendoza y Margarito Martínez, en Tijuana, y de José Luis Gamboa, en Veracruz –todos ellos en menos de tres semanas-, son el detonante de esta condena colectiva que hoy resuena desde Chihuahua hasta Chiapas, de Córdova a Uruapan, de Acayucan a Tijuana, de Durango a Cancún, de Culiacán a Morelia, y desde tantos otros lugares del país.

Hoy los periodistas en México, salimos nuevamente a las calles para recordar que no se mata la verdad, que la palabra no debe acallarse, y que el Estado Mexicano sigue fallando en garantizar un ejercicio periodístico libre de muerte, persecución y condena.

¡En México nos siguen matando!, gobiernos van y vienen y la violencia se ahonda, la impunidad persiste, la persecución es rutinaria y el estigma contra el quehacer periodístico es alentado.

El pronunciamiento que a nivel nacional hacemos, parte de la rabia e indignación por que los crímenes contra periodistas en el país siguen en la impunidad, matar a un periodista en México, es como matar a nadie: lejos de que haya investigaciones serias por parte de las Fiscalías en los estados y la federal para que sepamos por qué matan a periodistas en este país y haya justicia, la cifra va en aumento.

En el territorio mexicano, la violencia de Estado que incluye la presencia del crimen organizado coludido con los gobiernos de los diferentes niveles, ha provocado zonas de silencio donde no hay condiciones para ejercer nuestra labor. Han asesinado, desaparecido, amenazado y obligado a periodistas a desplazarse de sus entidades.

México continúa siendo uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio periodístico, el número de compañeros asesinados y desaparecidos continúa en aumento.

De 2010 a la fecha, 102 periodistas han sido asesinados en el país conforme a los datos de Artículo 19 y del Comité para la Protección de los Periodistas.

Michoacán participa también de la fatídica cifra. La lista lúgubre de periodistas asesinados y desaparecidos aquí, suma 17 casos de 2006 a la fecha. En ninguno de ellos las investigaciones realizadas por las autoridades competentes han sido concluyentes y permitido dar con los responsables.

En Michoacán como en México, la justicia permanece ausente. La apuesta pareciera ser el que sus nombres se diluyan con el tiempo.

La memoria en Michoacán de los compañeros Jaime Arturo Olvera, Israel García Pimentel, Juan Pablo Solís, Miguel Ángel Villagómez Valle, Martín Javier Miranda Avilés, Hugo Alfredo Olivera, Rosa María Ríos Campos, Salvador Adame Pardo, Fidel Ávila Gómez, Luis Eduardo Ochoa Aguilar, y Abraham Mendoza Mendoza, es herida abierta, el porqué de sus muertes, es la daga que la ahonda.

La ausencia de José Antonio García Apac, Cristian Axel López Cruz, Mauricio Estrada, Rafael Pérez, María Esther Aguilar, y Ramón Ángeles Zalpa, es permanente interrogante. Su desaparición es sombra que camina a nuestras espaldas recordándonos que nadie está seguro, que cada teclazo, cada palabra emitida, cada imagen tomada, puede ser sentenciada.

Para el poder público en Michoacán –como en el resto del país-, generar condiciones para garantizar el ejercicio periodístico no es prioridad. Hoy los delitos contra periodistas en Michoacán, carecen de agravantes penales que inhiban su cometimiento.

Sumado a la inseguridad y la falta de resolución en los asesinatos y desapariciones de los colegas periodistas está la precarización laboral, ganando salarios paupérrimos por jornadas que nunca terminan.

Raquíticos salarios por debajo del mínimo profesional, la falta de prestaciones o la forma en que éstas se escatiman, la cotización de sueldos menores a los reales, coberturas al amparo del erario público, despidos injustificados, retención de sueldos, adeudos de pagos quincenales, incertidumbre sobre la permanencia laboral, y –claro- censura, forman parte del cotidiano para los periodistas en México.

Por todo ello, desde aquí nos sumamos a la exigencia nacional. Como periodistas estamos convencidos de que nuestro trabajo es fundamental para la sociedad, es importante garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información, que es un bien público, aunque los gobiernos nos vean como enemigos del Estado.

La seguridad de los periodistas también es responsabilidad del Estado y nos debe garantizar todas las condiciones para ejercer nuestra labor sin que nuestra vida corra peligro.

Demandamos el inmediato esclarecimiento de los asesinatos y desapariciones de todos los periodistas.

Exigimos justicia para nuestros colegas y sus familias. ¡No más periodistas asesinados! ¡No más periodistas desaparecidos!

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