A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado inconstitucional la exclusión de las personas trabajadoras del hogar a la Seguridad Social y demás prestaciones laborales, existe una violación sistemática de los derechos de esta población.
Esto sucede incluso cuando desde 2018 se reformó la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social para colocar a este sector en condiciones de igualdad respecto al resto de los trabajadores asalariados y de que en 2021 entró en vigor el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual reconoce la totalidad de los derechos del sector y obliga a los estados que lo ratifican a implementar medidas para garantizarlos.
Aunque esto ha significado un gran paso para avanzar hacia el reconocimiento de los derechos de este grupo, todavía existe una gran brecha entre lo que estipulan las normas jurídicas y la realidad.
En conferencia de prensa, Trabajadoras del Hogar acompañadas por diversas organizaciones de la Sociedad Civil, señalaron que, actualmente, de las 2.2 millones personas trabajadoras del hogar que hay en México, 99.2% no cuentan con un contrato de trabajo escrito, 98.3% no tienen acceso a servicios de salud públicos, 71.3% no reciben ninguna prestación de trabajo adicional, 50.7% de los hogares donde viven están en condiciones de pobreza moderada o extrema y menos del 2% tiene acceso a la seguridad social.
Además, con la pandemia por COVID-19 estas desigualdades se profundizan. Muchas trabajadoras del hogar fueron enviadas a sus casas sin goce de sueldo, o bien, permanecieron encerradas en las casas de sus empleadores, algunas por más de 3 meses, bajo la amenaza de que perderían su trabajo si decidían regresar a su hogar.
Por lo anterior, y ante la evidente urgencia de potenciar esfuerzos para garantizar los derechos de las personas trabajadoras del hogar, Nosotrxs, el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, Hogar Justo Hogar, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Oxfam México, WIEGO, Fundación Trabajo Digno, Tzome Ixuc y en coordinación con grupos de trabajadoras del hogar en Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Querétaro, Jalisco y Chiapas, hacen un llamado a los distintos niveles de gobierno para avanzar en:
- La promoción y garantía del derecho a la seguridad social ya que actualmente menos del 2% de trabajadoras están inscritas al Programa Piloto del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS). Es urgente el incremento de la afiliación y la participación de todo el gobierno para lograrlo. Subrayamos: la importancia de implementar acciones de recolección de datos, evaluación y monitoreo para garantizar el buen funcionamiento del programa; implementación de incentivos económicos, así como herramientas que faciliten la inscripción al Programa.
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La difusión de campañas masivas de comunicación desde distintas Secretarías, instituciones y dependencias para dar a conocer entre personas trabajadoras del hogar y personas empleadoras sus derechos a nivel nacional. Estas campañas deberán ser de carácter nacional a través tanto de canales tradicionales (televisión, radio y medios impresos), como no tradicionales (redes sociales). Asimismo, deberán desarrollarse campañas informativas sobre las herramientas y canales disponibles para la atención de dudas, quejas y denuncias.
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La coordinación de las autoridades y dependencias para poner en marcha un plan de trabajo en 2022 que sea implementado de forma efectiva para garantizar que sus derechos sean respetados. Hacemos un llamado enérgico para que se garantice la implementación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo y la Recomendación 201 que lo acompaña, misma que señala una ruta de trabajo que orienta a las autoridades sobre cómo actuar para garantizar la implementación del Convenio 189.
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La implementación por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de mecanismos de inspección o supervisión del cumplimiento de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, tal como se realiza respecto del resto de los trabajadores en nuestro país y en un esquema que resulte compatible con las características especiales del trabajo.
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Que el Congreso de la Unión garantice en el siguiente periodo legislativo las reformas necesarias para transitar a la obligatoriedad del régimen de aseguramiento de las trabajadoras del hogar al IMSS.
