Por insuficiencia de recursos INE pospone temporalmente las actividades para la realización de la Revocación de Mandato.

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• Esto será en tanto la SCJN resuelve sobre la grave afectación a la autonomía del INE que la Cámara de Diputados ha ocasionado con motivo de la reducción presupuestal, señala el acuerdo

• No se trata de una suspensión del proceso o una negativa a cumplir con las obligaciones constitucionales, sino de dotar de certeza al ejercicio: Lorenzo Córdova

• Se dejan abiertas las probabilidades para que, si realmente hay voluntad de que la Revocación de Mandato sea una realidad, ésta se lleve a cabo

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó por mayoría -seis votos a favor y cinco en contra- como medida extraordinaria, posponer temporalmente la realización de la Revocación de Mandato del Presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024, ante la insuficiencia presupuestal derivada del recorte aprobado por la Cámara de Diputados al INE para el ejercicio 2022.

“Que quede muy claro: no se trata de una suspensión del proceso o de una negativa a cumplir con las obligaciones constitucionales del INE. Se trata de un acuerdo que busca dotar de certeza plena a este ejercicio inédito de participación ciudadana”, estableció el Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello.

Precisó que, independientemente de ello, el INE seguirá avanzando en la revisión de los millones de firmas de apoyo que están llegando, ya sea vía la aplicación (APP) o en formatos físicos.

“Esta revisión nos dará certeza sobre la convocatoria que deberá emitir el INE y el inicio formal del proceso de Revocación de Mandato, y será entonces cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté en condiciones de resolver el fondo de esta controversia”.

El Presidente del INE explicó que hay salidas viables para la realización del ejercicio: la Cámara de Diputados podría, porque esa es una facultad que se desprende del artículo 74 constitucional, de manera permanente, modificar o ajustar el Presupuesto de Egresos o el Presidente de la República, con una instrucción presidencial, podría instruir a la Secretaría de Hacienda que genere al INE las ministraciones necesarias.

“Si realmente se quiere la Revocación de Mandato se los digo con mucha franqueza: salidas hay, el acuerdo que el INE plantea aprobar es un acuerdo que deja abiertas las probabilidades y que pone sobre la mesa posibilidades para que, si realmente hay voluntad de que la Revocación de Mandato sea una realidad, ésta se lleve a cabo”.

Lorenzo Córdova enfatizó que la semana pasada el Consejo General, haciendo los máximos esfuerzos de ajuste y estableciendo metas de ahorro, “logró concretar una bolsa de apenas mil 503 millones de pesos, que resulta evidentemente insuficiente para llevar a cabo un proceso de la amplitud, calidad y magnitud que se prevén en la ley federal en la materia, y que implica un costo de 3 mil 830 millones de pesos, con los que el INE simplemente no cuenta, dadas las decisiones tomadas por la mayoría legislativa”.

Con el dinero que hoy tiene el INE, simple y sencillamente no se puede organizar y un ejercicio como la Revocación de Mandato en los términos establecidos por el legislador en la ley en la materia.

“Si se juntan el 3% y la ciudadanía quiere este ejercicio, si eso es así, el INE también quiere realizar la Revocación de Mandato, pero quiere hacerlo conforme a la ley y para eso las condiciones en las que se nos han colocado, nos colocan en una imposibilidad”.

No haremos remedos de elecciones

“Votaré a favor del proyecto porque nadie está obligado a lo imposible, porque es necesario salir de la trampa presupuestal con un pronunciamiento jurisdiccional”, estableció el Consejero Ciro Murayama Rendón.

Precisó que con la controversia constitucional se busca defender la autonomía del INE y generar un precedente “para evitar que decisiones presupuestales hagan nugatorio el texto constitucional, sea contra facultades y atribuciones de órganos autónomos, de universidades públicas o de poderes que no se someten a las pretensiones autoritarias. Esperemos que, ante el diferendo, los jueces constitucionales, ya sea la Suprema Corte o en el Tribunal Electoral, indiquen cómo salimos de esta inédita y lamentable situación”.

Murayama lamentó que la Cámara de Diputados no acudiera al INE para evaluar la solicitud presupuestal, ya que un ejercicio de Revocación de Mandato, en términos constitucionales y legales implica sortear y visitar al 13% del Padrón Electoral, llamar a la puerta del domicilio de 12 millones de ciudadanos para lograr instalar 161 mil casillas; la capacitación electoral que implica contratar a 32,400 capacitadores y a 5,400 supervisores.

El INE tiene razón en que no le alcanzan los recursos para 2022

El INE estaba listo y ya trabajaba en la organización de la Revocación de Mandato hasta que se presentó esta lamentable situación de no aprobar los recursos necesarios, señaló el Consejero José Roberto Ruiz Saldaña, quien consideró que aún hay tiempo “para reconocer que estamos en una situación compleja y el INE necesita ser apoyado para cumplir con estas atribuciones”.

Pidió respetuosamente a la representación de Morena una dosis de humildad “para reconocer que cometió un error, un exceso, en un recorte de 4,913 millones de pesos al INE que hoy obliga a tomar esta decisión, lo peor que podría suceder es que se persistiera en que acá está la problemática de no poder aparecer 2,500 millones de pesos que ahora se necesitan para poder completar los recursos necesarios para este ejercicio”.

Agregó que le hubiera gustado escuchar que iban a anunciar la presentación de un recurso de apelación “pero adhesivo para decirle al Tribunal Electoral que el INE tiene razón en que no le alcanzan los recursos para 2022”.

No poner en juego un ejercicio tan serio como la posible destitución del Presidente de la República

La Cámara de Diputados no aprobó el presupuesto necesario para una actividad extraordinaria del INE que exige recursos adicionales para este fin “como si por arte de magia se pudiera hacer algo adicional”, sostuvo el Consejero Jaime Rivera Velázquez.

Aseguró que la cantidad con que se cuenta una vez realizados los ajustes presupuestales, es insuficiente por lo que es inevitable la posposición de actividades y cuestionó a quienes “han sugerido que sacrifiquemos garantías y candados de certeza, de seguridad, de limpieza, de transparencia, pero la ley obliga a realizar una Revocación de Mandato con todas las reglas de organización de unas elecciones”.

Además, la Ley Federal de Revocación de Mandato obliga a instalar la misma cantidad de casillas que en elecciones federales recientes. “No creo que nadie quiera quitarle garantías de limpieza, certeza e imparcialidad a un ejercicio tan serio como poner en juego la posible destitución del Presidente de la República”, apuntó.

Los recursos no alcanzan ni para la integración de casillas

La Consejera Dania Ravel Cuevas lamentó que el INE esté ante un panorama adverso no propiciado por la autoridad electoral que coloca al Instituto en una imposibilidad material para la realización del proceso de Revocación de Mandato en los términos previstos en la normativa aplicable.

Señaló que con los recursos que actualmente ya se tienen aprobados no alcanza ni siquiera para la integración de las mesas directivas de casilla, por lo que rechazó que el acuerdo sea una negativa, sino que se realizará cuando existan las condiciones para hacerlo.

Finalmente aclaró que el proyecto debe aprobarse en este momento y no en febrero, cuando se tenga certeza sobre el cumplimiento del respaldo ciudadano mínimo, ya que muchos de los procesos se vienen realizando y de no aplazarlos en este momento es factible que queden inconclusos por falta de recursos lo que podría traer demanda por falta de pagos.

Certeza y seguridad jurídica

Por su parte, la Consejera Claudia Zavala Pérez mencionó que la única manera de realizar la Revocación de Mandato es con certeza y seguridad jurídica, y la disminución de presupuesto coloca al INE en una situación límite. “No es suficiente para desarrollar este ejercicio con las garantías de certeza y seguridad jurídica”.

Recordó que fue el legislador del año 2021 el que determinó que la Revocación de Mandato se llevara a cabo con exactamente las mismas garantías, certeza y seguridad con que se realizan las elecciones con el modelo constitucional y el sistema electoral.

“La única forma de que nosotros pudiéramos realizar la Revocación de Mandato con el recurso que tenemos, es tocando las fibras de la certeza y la seguridad jurídica. Y a eso no estoy dispuesta, no a llevarlo a cabo, porque el legislador de hoy, yo digo que correctamente, eligió el modelo que nos ha permitido renovar los poderes en paz”, advirtió.

Las Consejeras Norma De la Cruz, Carla Humphrey, Adriana Favela y los Consejeros Uuc-kib Espadas y Martín Faz expusieron sus argumentos en contra.

Se trata de una respuesta errada a la agresión institucional

El Consejero Uuc-kib Espadas Ancona echó mano de la aritmética para evidenciar que ni la renuncia al 100% del salario de todas las personas con sueldos elevados en el INE durante todo un año sería suficiente para cubrir el presupuesto faltante para la realización de la Revocación de Mandato, ya que apenas se obtendría un 3% de lo necesario.

En este sentido, aseguró que hoy se enfrenta un estrangulamiento financiero que, si bien no es novedoso, resulta alarmante al aplicarlo a la autoridad que ha sido custodia de elecciones limpias construida por la sociedad a lo largo de cuatro décadas de lucha.

“Quien crea que asfixiar presupuestalmente al INE sirve a la austeridad, yerra. Quien desde fortunas amasadas al amparo del poder lo exige, hace gala de cinismo. Quien crea que con el presupuesto aprobado se puede realizar una consulta de Revocación con las garantías que la ley da a la sociedad, se equivoca. Quien pretende imposibilitar una Revocación de Mandato íntegra con el fin de devaluar las elecciones y aniquilar al INE traiciona a la democracia y a la República”, sentenció.

Pese a este ataque, agregó, el proyecto es una respuesta a la agresión institucional que se vive, aunque consideró que es una respuesta errada, ya que el ejercicio sigue siendo legal y realmente un evento futuro de realización incierta y posponerlo en este momento supondría una afectación de derechos y podría tener un efecto inhibitorio en la recolección de firmas.

Innecesario posponer todas las actividades de la Revocación de Mandato

Para la Consejera Norma De la Cruz Magaña es obligación del INE garantizar el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía como es el de participar en la Revocación de Mandato y es posible hacer un mayor esfuerzo para generar más ahorros y economías.

Anunció su voto en contra, pues “es innecesario posponer de forma temporal todas las actividades” para la organización de este ejercicio, y consideró que se podrían reprogramar algunas como la instalación de los consejos y las oficinas municipales y realizar otras que no implicarían un gran desembolso como “en el caso de reclutamiento, selección y capacitación de Supervisoras y Supervisores Electorales, así como las Capacitadoras y los Capacitadores Electorales; en el procedimiento de contratación de equipamiento, la fase de examen, entrevistas y en programar su contratación”.

Además, enfatizó que hace falta un análisis más profundo de las áreas ejecutivas para revisar cómo organizar la Revocación de Mandato cumpliendo con todos los requisitos legales.

INE debe seguir con el plan y calendarización aprobado

Al mencionar que no es común que el Instituto suspenda alguna actividad por falta de recursos, la Consejera Carla Humphrey Jordan expresó su desacuerdo con la posposición temporal del proceso de Revocación de Mandato.

“Esta situación pone en incertidumbre al propio ejercicio de Revocación de Mandato, puesto que no existe certeza legal ni jurídica de cuándo estaría en condiciones de resolver la Controversia Constitucional la Corte”.

Nuestra obligación es caminar a la realización de la Revocación con los recursos que tenemos dijo, “debemos seguir con el plan y calendarización aprobado, teniendo el presupuesto que tenemos y con los mejores esfuerzos institucionales y presupuestales”.

Humphrey mencionó que esto no significa su desconocimiento a la afectación presupuestal a la que fue objeto el Instituto, pero “podemos seguir en el camino de la organización con algunas medidas ajustadas y optimizando los recursos, lo cual, aclaro, no da para cumplir con todas las características determinadas por la ley”.

Se pueden hacer ajustes, era necesario explorar todas las alternativas

Al reconocer los dilemas que enfrenta el INE por un recorte presupuestal, el Consejero Martín Faz Mora dijo no compartir la visión de que hay una completa imposibilidad para continuar y llevar el proceso por no contar por ahora con los recursos suficientes con los mismos estándares de calidad con se realizan las elecciones ordinarias.

Señaló que desde su perspectiva la regulación permite hacer ajustes y adecuaciones necesarias para realizar el ejercicio ya que no todos los procesos están detallados en la ley, por lo que propuso que antes de esta determinación se tenía que haber realizado un estudio previo y profundo que no se llevó a cabo.

“Para poder declarar que este Instituto está imposibilitado para realizar la Revocación de Mandato era fundamental que previamente se exploraran todas las alternativas reales, se realizaran propuestas, se trabajaran distintos escenarios y si una vez hecho el balance de todos estos aún no se encontraba una solución que fuera menos gravosa que parar o aplazar por completo todo el proceso entonces, solo en ese supuesto, se podía decir que no es posible”, sentenció.

INE debe continuar con los recursos que cuenta

La Consejera Adriana Favela Herrera reiteró la disposición permanente del INE para realizar la Revocación de Mandato a pesar de la situación adversa que enfrentan ante la falta de recursos, no obstante, consideró que la institución debe continuar con la organización del ejercicio con los recursos que se cuentan y en las condiciones que se pueda, garantizando los principios de certeza.

Uno de los principales ajustes que se podrían concretar, dijo, puede ser limitar la instalación de casillas a sólo 62 mil y no a las 162 mil que se instalaron en las pasadas elecciones, así como eliminar la contratación de personal adicional.

“El INE se encuentra en una situación extraordinaria por falta de recursos suficientes, de ahí la necesidad de ajustar algunos aspectos. Creo que solamente se estaría en una situación de vulneración de la Constitución y de la Ley respectiva si el órgano Legislativo hubiera autorizado el presupuesto solicitado y aun así optara por un número menor de casillas o hiciera un ajuste a lo que se tenía previamente contemplado”, expuso.