• La diputada presentó este miércoles una iniciativa para reformar la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a fin de que ésta realice visitas cuando menos una vez cada seis meses a los reclusorios

Morelia, Michoacán, 22 de febrero de 2023.- Es necesario que se realicen supervisiones continuas a las condiciones en que se encuentran los centros penitenciarios en Michoacán, recalcó la diputada Mónica Valdez Pulido, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.



La diputada por el Distrito de Zacapu presentó este miércoles una iniciativa para reformar la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a fin de que ésta realice visitas cuando menos una vez cada seis meses a los reclusorios.

“La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021, señala que en Michoacán el 43.8 por ciento menciona haber sido o incomunicado o aislado, mientras que el 40.8 por ciento manifestó haber sido amenazada con hacerle daño, el 37.7 por ciento, fue amenazada con levantarle cargos falsos, y al 28.7 por ciento le vendaron los ojos o le cubrieron la cabeza para que no viera”.

Mónica Valdez abundó que, de la población privada de la libertad en la entidad, 37.7 por ciento de quienes sufrieron agresiones físicas señalaron haber recibido patadas o puñetazos por parte de la policía o autoridad que la detuvo, mientras que 30.6 por ciento mencionó que le impidieron respirar asfixiándolo, ahorcándolo con una bolsa de plástico u otro objeto.

“En los centros penitenciarios durante 2021 el 82.9 por ciento de las personas privadas de la libertad en el Estado de Michoacán compartieron su celda con una a cinco personas y del 1 al 14 por ciento con más de 15 personas”.

Asimismo, la legisladora agregó que el 34.4 por ciento de la población privada de la libertad fue víctima de al menos un acto de corrupción.

“La privación de la libertad es una circunstancia en la cual la persona deja de tener completo control sobre su esfera física y personal, quedando a disposición de la persona que ha llevado a cabo dicha privación, por lo cual, las obligaciones constitucionales de respeto y garantía se refuerzan, y deben ser aplicadas por la autoridad penitenciaria”.