Por: Augusto Romero
El cateo al rancho de Las Joyitas en el municipio de Lagunillas, ha levantado una tolvanera política en la entidad en donde han salido a pronunciarse políticos de distintas militancias y calañas.
Un tema que de origen es de tipo delictivo, relacionado con un presunto secuestro ha generado distintas reacciones, unas viscerales y otras temerosas aderezadas con amenazas de acciones judiciales.
Ya la FGE ha asegurado esa propiedad y trasladado una camioneta para su revisión, porque presuntamente fue utilizada en el secuestro de referencia.
La propiedad del predio es lo que ha desatado la polvareda, primero Silvano Aureoles, el dueño del reducto del PRD en la entidad, salió a señalar que no era de su propiedad y que por lo tanto se trataba de persecución política, después el político priísta y empresario aguacatero tacambarense Valentín Rodríguez afirmó que ese rancho era suyo. Sin embargo, en el momento del ingreso de la policía al inmueble, tres oficiales estatales de la SSP, asignados a la seguridad personal del exmandatario, cuidaban ese predio, lo cual se comprobó con el oficio de comisión respectivo.
Entre esas declaraciones, saltó a escena un tercer actor no esperado compuesto por la dupla que conforman Miguel Ángel Aguirre Abellaneda y su esposa Patricia Orozco Cortez, que según información catastral es la dueña oficial del rancho.
En tanto la FGE realiza las actuaciones y peritajes, quedan en el aire la declaración del aguacatero de la presunta propiedad del rancho, en parte porque ninguna autoridad competente ha solicitado que la acredite.
En segundo lugar a Silvano Aureoles no le hace falta seguridad, porque le prestó los policías al aguacatero para cuidar el inmueble y por lo tanto se le puede retirar ese derecho al hacer mal uso de él, ya que transfirió a los oficiales a un particular, en un trato de cuates.
Y en el caso del auditor, leal al exmandatario desde la Presidencia Municipal de Zitácuaro, en su paso como delegado administrativo en la Secretaria de Finanzas y ahora como titular de la ASM, ha quedado en la mira publica, no sólo por la propiedad de su esposa, sino porque ha trascendido que la señora gestiona con los ediles, la solventación de observaciones en la ASM y que seguramente atraerá la atención de los diputados para revisar su trabajo, ya que la fiscalización de recursos públicos, es una de las partes fundamentales de las tareas y obligaciones del Congreso del Estado.
Así con esa acción quedaron en la vitrina pública tres políticos que deberán explicar sobre el rancho y si se lo vendieron entre ellos o qué negocios hay detrás. Ya los llamarán para que expliquen.
En tanto Silvano Aureoles tiene pendiente de comprobar 12 mil millones de pesos relacionados con los estragos de su tóxica administración estatal.
